Las labores de regulación de los servicios públicos de Colombia que reasumirá el gobierno podrían implicar una modificación del esquema tarifario de las empresas del sector o de algún otro aspecto clave de su operación (por ejemplo, el esquema de cobro de la factura y el pago de obligaciones de los proveedores), por lo que es importante evaluar el impacto potencial sobre su situación financiera.